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Foro: La seguridad social en situaciones de emergencia

En el año 2017 el hemisferio americano sufrió diversos fenómenos naturales. Como consecuencia, varios países se vieron severamente afectados. En 27 de las 37 naciones que conforman la CISS se declararon situación de emergencia. Autoridades y sociedad en general en estos países se encuentran trabajando en la atención a las poblaciones afectadas y en la reconstrucción de la infraestructura perdida.

Las situaciones de emergencia ocasionadas por la naturaleza o el hombre son recurrentes e impactan directamente a las personas, trastocan la tranquilidad, el orden social, y pueden alterar significativamente el ciclo de producción y abasto. Durante los últimos 35 años, se estima que las pérdidas asociadas a estos eventos son de 1.7 millones de personas fallecidas y los costos de los daños ascienden a cuatro mil 200 billones de dólares, el equivalente al cinco por ciento del valor total de la producción mundial.

Los países y regiones expuestos a riesgos y emergencias son afectados dependiendo su grado de desarrollo en términos materiales, financieros y ambientales. Igualmente ocurre con las personas y las comunidades: resienten sus efectos de manera diferenciada dependiendo de su asentamiento y fortaleza socioeconómica, aunque también interviene la presencia o ausencia de medidas preventivas, la integralidad y solidez de las políticas, normas y medidas de atención de éstas situaciones.

Ante eventos de emergencia, la sociedad voltea hacia sus gobiernos, sus instituciones y programas, esperando una respuesta acorde a las circunstancias antes, durante y después que atempere el desasosiego y la incertidumbre que viven las personas y se recupere la normalidad de las actividades económicas y el empleo.

En este contexto, las instituciones de protección y seguridad social pueden y deben desempeñar un papel fundamental dentro de las estrategias de prevención, atención, contención y recuperación frente situaciones de emergencia. Entre otras áreas de atención está la salud pública, infraestructura médica y las medidas para atenuar la pérdida del ingreso y restablecer la normalidad del empleo.