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El Secretario General de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, Gibrán Ramírez Reyes, aseguró que “hay riesgos de que esta reforma no rinda los frutos esperados, pues la vida promedio de las MiPyMEs es muy corta. Dada esta inestabilidad, la inversión de los recursos de toda la vida de los trabajadores en este tipo de negocios sería altamente riesgosa”.

Se estima que de cada 100 empresas nuevas, 33 cierran en su primer año de vida, 65 lo hacen en los primeros 5 años y 76 lo hacen en los primeros 10.

La iniciativa de reforma a la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, enviada el pasado 23 de enero a la Cámara de Diputados, pretende resolver los bajos montos que recibirán las personas al momento de jubilarse.

La reforma plantea la diversificación en la inversión de los recursos ahorrados, al permitir que las Administradoras de los Fondos para el Retiro (AFORE) inviertan en empresas privadas, particularmente en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), así como en productos derivados y operaciones en reporto. Esto es un cambio, puesto que hasta el momento la mayoría de los recursos se destinan a la compra de deuda pública y a la inversión en empresas que cotizan en el mercado de capitales.

La iniciativa también contempla una modificación a la fórmula para el cálculo de la comisión que cobran las AFORE a los trabajadores, incluyendo un componente variable en función del desempeño de las propias AFORE. En esencia, el objetivo sería hacer más eficiente el manejo de los recursos.

“La modificación de la fórmula para calcular la comisión que cobra las AFORE no ataca de frente ni de manera satisfactoria el problema de las bajas tasas de reemplazo”, insistió Ramírez Reyes. Agregó que la propuesta “parte de supuestos erróneos, con una posición acrítica del desempeño de las AFORE: aseverando que éstas han tenido un efecto positivo en el desarrollo del mercado de capitales, pese a que la evidencia sugiere todo lo contrario”.

Desde la CISS observamos con preocupación que la propuesta de reforma del Ejecutivo no considera los problemas de fondo del sistema ni pretende atacarlos; posterga la solución de situaciones que aquejan de manera importante a la mayoría de los trabajadores, y deja de lado dos cuestiones fundamentales: en primer lugar, que el objetivo de las pensiones es proteger a las personas ante el riesgo social de empobrecimiento en la vejez; y en segundo lugar, no cuestiona la lógica de funcionamiento del sistema de cuentas individuales, perpetuando la idea de que el disfrute de un derecho humano como la seguridad social, depende del esfuerzo personal.

Cualquier reforma al sistema de pensiones mexicano debe tener como principio la solidaridad. Es impostergable atender la desigualdad en el sistema y las limitaciones que tiene para proteger del riesgo de empobrecimiento en la vejez.