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Hoy, como cada 8 de marzo, conmemoramos a las mujeres que murieron en 1857 por alzar la voz y protestar contra una paga desigual e  injusta en su trabajo, en comparación con los hombres. Esta fecha busca hacer conciencia de las grandes brechas de desigualdad entre hombres y mujeres que persisten hasta nuestros días en diversos aspectos de la cotidianidad, incluidos los relacionados con el trabajo de las mujeres, su remuneración y, consecuentemente, con su seguridad social.

Aunque se han dado pasos decisivos para reconocer que la seguridad social es un derecho, el acceso a ella sigue fuertemente vinculado con las relaciones laborales de las personas. La seguridad social como una herramienta para generar bienestar presenta un acceso diferenciado para las mujeres, tanto por su participación en el mercado informal, como por la proporción de tiempo que dedican a trabajos no remunerados. De acuerdo con datos de la OIT (2018), en los países latinoamericanos las mujeres son 75% más susceptibles a la informalidad con relación a los hombres, lo que las excluye del acceso a los sistemas de seguridad social y las expone a múltiples riesgos, en distintas etapas de su vida, que merman su bienestar. Los mercados laborales orillan a muchas mujeres a la informalidad, dejando como una de sus pocas vías de acceso a la seguridad social el vínculo conyugal, lo que vulnera aún más su autonomía, perpetuando su exclusión y relegándolas a calidad de dependientes.

Pareciera entonces que la respuesta es simple: garantizar la incorporación de las mujeres al ámbito laboral formal. Sin embargo, retomando datos de ONU Mujeres (2017), las mujeres dedican 2.5 veces más tiempo que los hombres en actividades no remuneradas de cuidados y trabajo en el hogar, haciendo sus jornadas de trabajo totales aún más largas. Por lo tanto, sería engañoso pensar que se fomenta la igualdad de género únicamente mediante la incorporación al empleo formal sin considerar las horas de trabajo no remunerado. Como si no fuera suficiente, la CEPAL (2016)  apunta que en el caso de las mujeres que salen a trabajar, éstas destinan una parte considerable de sus ingresos propios para pagar a otras mujeres para que realicen el trabajo de cuidado y quehaceres domésticos. Esta situación agranda las brechas de género, al trasladar el problema de la informalidad del empleo a la trabajadora del hogar, lo que endurece las barreras de acceso de las mujeres a la seguridad social.

Así, en este día de la mujer, desde la CISS se vuelve ineludible refrendar nuestro compromiso con el diseño de políticas públicas que incentiven la corresponsabilidad de los gobiernos en el cuidado de infantes, adultos mayores, personas enfermas y personas con discapacidad; haciendo un llamado abierto a todos aquellos actores con capacidad de generar estrategias de vanguardia para romper con la división sexual del trabajo doméstico y de cuidados, por ejemplo, a través de la extensión de licencias de maternidad y paternidad bajo criterios de igualdad de género.

Por tanto, la instauración de un régimen de seguridad social que salvaguarde el derecho de las mujeres al bienestar social, independientemente de su condición laboral, requiere que a la par se revalorice el trabajo históricamente invisibilizado de las mujeres que, haciendo un corte de caja, ha resultado imprescindible para el funcionamiento de la sociedad sin obtener el reconocimiento y nivelación correspondiente.

Por: Equipo de Investigación CISS